El
estado cubano revolucionario ha formado un número significativo de
profesionales, cuya capacidad no se aprovecha racionalmente. Con frecuencia se
toman decisiones en relación con la ciudad, la arquitectura y la construcción,
que no son consultadas colegiadamente con los especialistas del sector. Es una
práctica que malgasta recursos invertidos por el Estado y que puede comprometer
el futuro en un área tan sensible para el desarrollo del país. La respuesta a
muchos problemas señalados se relaciona con el desarrollo y desempeño
profesional eficiente. Especialistas de entidades importantes que tienen a su
cargo la dirección de procesos esenciales de proyección y control –como el
sistema de la Planificación Física, el Instituto de la Vivienda, los Centros
Provinciales de Patrimonio Cultural, el Ministerio de la Construcción–, emigran
hacia otras entidades o abandonan la profesión o el país. En esta situación
influyen la ausencia de mecanismos de estimulación económica; la falta de
autoridad y reconocimiento de la actividad profesional, en específico del
arquitecto; la modificación inconsulta del diseño; la desvinculación entre
entidades que intervienen en las fases de proyecto y ejecución, etcétera.
Una
visión integral del Urbanismo y la Arquitectura cubanos, tan necesaria al país,
debe marchar paralela a políticas y medidas dirigidas a devolverle a cada
participante el papel que le corresponde en los complejos procesos de gestión,
inversión, diseño, construcción y valoración en todas las escalas del diseño
del ambiente. Existe en Cuba la capacidad profesional para elevar la calidad de
las estructuras físicas donde se desarrolla la vida de la población cubana.
Cuando se vive mejor, la gente trabaja y se comporta mejor.
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